[CIUDAD DE MÉXICO]
El 5 de mayo se conmemoró en México el 157 aniversario de la batalla de Puebla, en la que las tropas mexicanas derrotaron al ejército invasor francés. En la conmemoración en Coahuila, en el norte del País, el Presidente López Obrador dijo que durante los 300 años de dominación española en México, lo que entonces era un virreinato nunca fue visitado por un rey de España, lo que habría demostrado el desprecio de la monarquía hacia aquella su posesión.
El reclamo se suma a la solicitud de disculpas que en los últimos días de marzo el mismo López Obrador hizo al Reino de España por la destrucción de pueblos y civilizaciones indígenas durante la conquista. La petición, que estrictamente fue la de un reconocimiento por los crímenes y atropellos cometidos, fue rechazada por el gobierno español.
¿Hasta dónde era pertinente esa petición?
La respuesta depende en gran medida de quiénes eran los sujetos de entonces, durante la conquista, y de quiénes lo son en la actualidad.
La conquista de lo que ahora es México la hicieron soldados y pobladores españoles, destruyendo las organizaciones sociales indígenas y provocando la muerte de millones de personas de esas sociedades. Su victoria se logró en buena medida gracias a las divisiones de los pueblos: el caso más notorio fue el de la derrota del Imperio Mexica, con la caída de México Tenochtitlan lograda en gran parte gracias a la colaboración de pueblos distintos a los aztecas, como los tlaxcaltecas (principalmente), los otomíes o los totonacos.
Es decir, el sujeto agraviado, destruido y oprimido por los conquistadores españoles, no fue México como País, que entonces era inexistente, sino un conjunto de pueblos y civilizaciones indígenas, con diferentes culturas y lenguas de las cuales en la actualidad subsisten más de 60 con distintos números de hablantes.
La época colonial se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, con la independencia de México en 1821. La dominación española no se produjo al mismo tiempo en todo el actual territorio mexicano, pues si bien Tenochtitlan cayó en 1521, otros pueblos fueron sometidos posteriormente, y cuando menos desde 1519 ya se perfilaba el avance hispano.
En todo caso, aún con la diferencia de tiempo en la implantación del dominio español, la constante fue que los conquistadores, sus herederos criollos y los europeos que llegaron después, dominaron a los pueblos indígenas y explotaron sus riquezas naturales y su fuerza de trabajo. Ciertamente hubo dirigentes y “principales” indígenas que estuvieron del lado de los dominadores y que se vieron favorecidos con ese dominio. Pero de la misma manera que ser criollo o blanco era sinónimo de dominante y explotador (aunque los hubiera pobres), ser indio ha sido sinónimo de dominado y explotado.
La ecuación ha continuado después de la independencia. Los blancos y mestizos con menor identificación indígena han predominado sobre los indígenas y los mestizos que más cerca están de lo originario. Desde la Revolución de 1910, las cosas se modificaron parcialmente, pero la relación que se estableció a partir del inicio de la Colonia subsiste en no pocos ámbitos.
Con esta óptica, si las disculpas se tuvieran que ofrecer por la devastación de las poblaciones, por el racismo, la dominación y la explotación, los sujetos que tendrían que disculparse son varios: la Corona y el Estado Españoles, porque fue esa entidad política la que en siglos pasados sostuvo la colonización y se aprovechó de ella a costa de la muerte y la destrucción sobre los indígenas, aunque desde entonces haya habido cambios dinásticos, dos períodos republicanos y la dictadura Franquista, lo que marca una configuración diferente a la del tiempo de la conquista. El Estado Español tendría que ofrecer las disculpas también a nombre de la sociedad española, muchos de cuyos miembros realizaron la conquista y se hicieron de riquezas gracias a la colonización y a la explotación de los indígenas, explotación que continuó durante todo el período colonial.
Pero también tendría que disculparse con los pueblos indígenas el Estado Mexicano, que desde el inicio de su existencia en 1821 continuó propiciando su sojuzgamiento y que a pesar de que desde el siglo XX ha anunciado políticas a favor de esos pueblos, en la práctica no ha sido eficiente para atender sus reivindicaciones; y también la sociedad mexicana cuyo racismo y clasismo hacia lo indígena no ha dejado de manifestarse en varias formas.
En otros términos, si la Monarquía y la Sociedad Españolas tuvieran que disculparse por lo ocurrido entre 1519 y 1821 (o reconocerlo públicamente como forma de disculpa), la Sociedad y el Estado Mexicanos tendrían que hacerlo por su actuación sostenida frente a los pueblos originarios desde cuando México se hizo independiente hasta ahora. La única disculpa que no podría instrumentarse es la de las pueblos y gobiernos indígenas que antes de la Conquista oprimieron a otros, pues si bien continúan existiendo culturalmente como sujetos, ya no están integrados en las formas sociales, políticas y militares en las que lo estaban antes de ser avasallados por los conquistadores y sus aliados.
En todo caso, si cabe que el Estado Español reconozca que en siglos anteriores causó graves daños a las civilizaciones indígenas, sería más pertinente que el Estado Mexicano aceptara que su deuda hacia los pueblos originarios permanece y que asumiera el respeto a sus derechos.
Pero hasta ahora no parece que la intención vaya por ahí. Cuando menos existe una confusión que lleva a que el Presidente de México pide al Estado Español que se disculpe por lo ocurrido durante los tres siglos de su dominación, mientras actualmente el Estado Mexicano mantiene regateos e inclusive desconoce los derechos de los pueblos indios.
Ejemplos claros son los de las consultas indígenas. De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus bienes territoriales. El Convenio es parte de la legislación mexicana, porque ha sido suscrito por el Estado Mexicano.
Sin embargo, en el caso del Tren Maya, proyectado con fines turísticos y para transportar pasajeros y mercancías atravesando estados de amplia población indígena maya que son Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, el inicio del proyecto ha sido anunciado desde la Presidencia de la República sin que se prevea hacer una consulta con las medidas y formalidades que aseguren el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Igual situación se ha anunciado para la construcción del ferrocarril que atravesaría el Istmo de Tehuantepec en los estados de Oaxaca y Veracruz, donde están asentadas comunidades indígenas zapotecas y también zoques y huaves.
En ambos casos se han hecho simulaciones de consulta, que no han recogido la opinión real y mayoritaria de los pueblos originarios ni han cumplido con los propósitos del Convenio 169 de la OIT.
Otro ejemplo es el de la Hidroeléctrica de Huesca, en el estado de Morelos, cuya construcción está asociada a un gasoducto que pasaría además por parte de los estados de Puebla y Tlaxcala. Comunidades indígenas nahuas de estos tres estados, particularmente de Morelos, han manifestado su inconformidad con el proyecto, y el gobierno organizó una consulta que tampoco cubrió los derechos que protege el mismo Convenio de la OIT. El asunto se agravó porque días antes de la consulta fue asesinado Samir Flores, un líder indígena opositor a la Hidroeléctrica. Los opositores han interpuesto recursos jurídicos para invalidar la consulta y para que no sirva de base para que el proyecto se ponga en marcha, argumentando precisamente la ilegalidad de la propia consulta.
Por otra parte, si bien los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución Mexicana, hay elementos pendientes como el propio derecho a la consulta que no existe en la Constitución (aunque esté en el Convenio de la OIT) o el de la condición jurídica de los pueblos y comunidades indígenas que aún no tienen constitucional y legalmente una categoría que les permita avanzar en el ejercicio de sus derechos (por no estar reconocidas como entidades de Derecho Púbico).
Todo eso, sin que se esté instrumentando una política efectiva de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios que les asegure el ejercicio de su plena determinación para alcanzar niveles aceptables de desarrollo económico sustentable, político, de educación, y de respeto a sus culturas.
Con este panorama brevemente señalado, es claro que más que preocuparse por disculpas del Estado o de la Monarquía de España, habría que luchar por los derechos de los pueblos indígenas actuales y que desde el Estado Mexicano se respetaran e impulsaran esos derechos.
No estaría de más que la Corona Española reconociera (con disculpas o sin ellas) que la estructura política de la cual es heredera impulsó la conquista que causó muerte y devastación sobre los pueblos indígenas de México (y de América), con consecuencias que hasta ahora se prolongan, básicamente continuadas por los poderes y las sociedades locales.
Pero toda vez que los sujetos de hace 500 años sólo parcialmente son los mismos de ahora, lo que es indispensable es que el Estado Mexicano no se oponga a la organización autónoma y a los derechos de los pueblos originarios y que éstos los ejerzan plenamente.
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